JORNADA
Martes 16, enero 2018
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Gobernar escuchando al pueblo

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Guido Pizarroso Durán
viernes 12, enero 2018

Los comités cívicos y otras instituciones de la comunidad nacional se sumaron a las movilizaciones en demanda de la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, y en rechazo a otra re-postulación del actual jefe de Estado. Cada vez más las organizaciones civiles que se pronuncian y se suman a un conjunto de medidas de presión en las que ya ahora coinciden obreros, empresarios, académicos, profesionales y hasta agrupaciones culturales.

Ya se ha manifestado la ciudadanía en Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija, La Paz. Inclusive, sectores que antes eran indiferentes hoy cobran protagonismo como el transporte pesado, los empresarios privados, la Iglesia Católica, las iglesias cristianas y otros organismos sociales, que siguiendo la iniciativa de los médicos, observan diversos riesgos para la vigencia de los derechos civiles, derechos a la libre expresión, y para las garantías constitucionales, con la aprobación de la nueva norma penal. El Comité Cívico Potosinista decidió extender la protesta e instruyó una huelga general indefinida. El Comité Cívico de Santa Cruz, convocó a un paro que se cumplirá hoy. El gobernador Rubén Costas, convocó a los ciudadanos a acatar el paro cívico convocado para este viernes.

El conflicto crece, pero el gobierno minimiza y descalifica las movilizaciones. El ministro de Gobierno, Carlos Romero consideró que la ciudadanía no acata las convocatorias. "Tenemos pequeñas movilizaciones casi desapercibidas, la más significativa en Tarija con 1.600 personas movilizadas. En Sucre, las actividades absolutamente normales, en Riberalta, en Oruro, en lugares en los que formalmente se había declarado paro cívico, solamente han parado sus dirigentes", según declaró el ministro a los medios de comunicación estatales.

En otras declaraciones a medios cruceños, el ministro Carlos Romero explicó que "aun sabiendo que la movilización tenía connotaciones políticas, dejamos que sea gestionada en términos sectoriales". Reconoció que ha sido un error, y que se ha dejado crecer demasiado el conflicto en vez de haber encarado con anticipación, con una metodología adecuada. Los médicos se han articulado como nunca antes porque hay una suerte de polarización política natural desde la definición de la re-postulación de Evo, dijo Romero.

Pero las evaluaciones del gobierno parece que no alcanzan a medir la real dimensión, porque ya no se trata de uno o dos sectores movilizados. Es un movimiento ciudadano cívico que pese a no tener dirección, coincide en una línea común que es la abrogación del Código del Sistema Penal. A ello se suma el rechazo a una nueva re-postulación de Evo Morales, por pretender pasar por encima de la Constitución Política del Estado, y con argumentos que no resisten el más simple análisis y el sentido común.

Como otro elemento que suma e intenta dar una orientación al movimiento civil se ha reactivado el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), inicialmente con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Central Obrera Boliviana (COB) que preside el organismo, habiendo acordado unir a la población sobre la base de dos planteamiento concretos: la abrogación total del Código del Sistema Penal y el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

"La tarea de Conade debe ser unificar a todo el pueblo boliviano a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) con la participación de las organizaciones vivas del país, para luchar por el respeto de la Constitución", sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma. Recordemos que ya existe una la Coordinadora por la Vida y las Libertades Democráticas que aglutina al sector de salud, transporte, magisterio, gremiales, juntas vecinales y otros.

El sector empresarial y productivo del departamento de Santa Cruz, confirmó su apoyo a la medida de presión convocada por el Comité pro Santa Cruz. La Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara de Exportadores, Federación de Ganaderos anunciaron su acatamiento a las medidas de presión.

El oficialismo considera que los movilizados carecen de capacidad de convocatoria, pero los hechos están mostrando otra realidad, y además, ponen en evidencia errores de cálculo para medir la reacción ciudadana, mientras el conflicto social se agrava y puede alcanzar lamentables derivaciones. El gobierno debe escuchar el clamor popular que ha identificado claramente los riesgos que se ciernen sobre el país.

Opinión
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