JORNADA
Gobierno retrocede y atiende exigencia de los médicos

Imprimir Enviar
viernes 5, enero 2018

Después de 43 días de paro de los médicos, el Gobierno ha considerado que tiene que actuar con sentido humanitario, pidiendo la derogatoria de los artículos 137 y 205 del nuevo Código Penal, que afecta a profesionales no solamente de la medicina sino también a transportistas.

La posición gubernamental ha sido adoptada mediante una nota enviada por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego del anuncio presidencial de su decisión, enmarcado en los principios y preocupación por la salud del pueblo.

Es destacable que se haya adoptado este paso, luego de una intensa campaña en contra de los galenos en los medios de comunicación, con spots en los que se trató de defenestrarlos, haciéndolos ver como autores de negligencia médica.

Fueron convocados los parlamentarios, que se encontraban en receso, para dar curso a la petición gubernamental y cerrar un capítulo de protestas sociales, que se han extendido a diferentes sectores, que se plegaron en todo el país a la posición de los trabajadores de la salud.

La situación social en nuestro país se agravaba cada día más, con las movilizaciones y el paro del sector médico, más de 41 días, sin que se vislumbrara una solución, mientras que otros sectores se adhieren a esa presión no sólo reclamado la abrogación del artículo 205 del nuevo Código Penal, sino también de otros que afectan, incluso, al derecho a la huelga y a la protesta del pueblo boliviano.

El Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Salud convocaron a los médicos a negociar, pero en lugar de solucionar, buscar los consensos, reconocer errores y encontrar la paz en Bolivia, aceleró la promulgación de la Ley, la que, lamentablemente, adolece de disposiciones contrarias a los derechos ciudadanos, además que ha sido calificada como un instrumento futuro para allanar la reelección del actual Mandatario y su permanencia en el poder.

De la reforma al artículo observado por los médicos ahora se ha trascendido a la exigencia de abrogación de todo ese instrumento legal, abriendo el camino a las negociaciones y al consenso, para contar con una Ley que garantice las penalidades a quienes infringen la Ley y, a la vez, garantice la presunción de inocencia y del debido proceso que debe ser norma en nuestro país.

Médicos, abogados, trabajadores de salud, ingenieros, universitarios, etc., recorren las calles de todas las capitales sin que obtengan una atención real a la demanda, la misma que ha sido minimizada por las autoridades que apostaron por un posible cansancio de los marchistas y el repudio de la ciudadanía, lo que no ocurrió.

Se tendió a poner al frente a organizaciones sociales adherentes del oficialismo, como los cocaleros del Chapare y los campesinos, los que han amenazado con acciones de fuerza en contra de los galenos, un error gravísimo, ya que si las amenazas se convierten en realidad pueden derivar en desenlaces lamentables, cuyo resultado sería contabilizado a la ausencia de diálogo y consenso por parte del Gobierno.

La participación de varios sectores, su extensión a todo el territorio nacional, ya no permite a las autoridades utilizar la acusación de subversión o de presuntos golpes de Estado.

Editorial
© 2001-2017 JornadaNet.com y JORNADA son editados por Aurios S.R.L. en La Paz, Bolivia. Teléfono: 591 2 2407789 Fax: 591 2 2487487