JORNADA
La legitimidad y la independencia en la meta de nuevos magistrados

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jueves 4, enero 2018

La legitimidad y la independencia fueron el inicio de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura que ayer asumieron sus funciones en la capital del Estado, Sucre.

Los nuevos funcionaros son producto de las últimas elecciones judiciales, en las que alcanzaron un porcentaje que llegó al 34 por ciento del voto ciudadano, ya que el pueblo prefirió depositar su opción con el voto nulo y blanco, que superó a los votos válidos.

La oposición calificó como una falta de legitimidad a los que iniciaron el año judicial, recibiendo una herencia muy cuestionada de una primera gestión que tuvo como característica la falta de transparencia, además de la sujeción a los mandatos de los otros poderes del Estado.

Uno de los magistrados de la Suprema, que habló a nombre de sus colegas, manifestó que una de sus preocupaciones sería superar esa falta de legitimidad, reconocimiento que, sin duda alguna, nos puede mostrar el camino de cambios reales que precisa la administración de justicia.

Ese mismo funcionario aseguró que se apostará por la independencia política, económica y social en el seno del poder Judicial, aunque manifestó que afuera existirá la coordinación con los otros poderes del Estado.

Si esta aseveración es real y se mantendrá en el tiempo, por cierto que el cambio será real y tendremos un poder que será una garantía para los derechos ciudadanos, evitando la influencia y la corrupción, y el incumplimiento de los mandatos de la Constitución Política del Estado, como aconteció con sus antecesores.

Está en manos de los nuevos magistrados la verdadera reforma de la justicia. Es un desafío que les obligará a utilizar todo su conocimiento en la materia, además de contar con los suficientes respaldos que les da la jurisprudencia existente.

La vigencia plena de la democracia y de las libertades está en la obligación de ellos, especialmente del Tribunal Constitucional, cuya obligación es respetar y hacer respetar los enunciados de la Carta Magna, sin las presiones políticas que los obliguen a torcer el mandato del pueblo.

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